Emergencia del ciudadano en el discurso jurídico mexicano del siglo XIX

 

Resumen

El propósito de este trabajo es revisar las estrategias de emergencia del concepto de ciudadanía en México durante el siglo XIX. Nuestro objetivo está centrado en analizar dos momentos polémicos, el de la negación de la noción de ciudadanía, para lo cual nos centraremos en los argumentos ofrecidos por el político e historiador Lucas Alamán; luego, revisaremos la concepción afirmativa de la ciudadanía proyectada por Gabino Barreda. No pretendemos ofrecer sólo una exposición de posturas contrastantes entre dos posiciones políticas antagónicas; por el contrario, buscamos mostrar que las dicotomías muchas veces ofuscan las intrincadas fórmulas y estrategias discursivas usadas como mecanismos de subjetivación en la política. Se trata de analizar, pues las maneras en que se modela la subjetividad en los procesos de constitución de las identidades políticas.

Palabras clave: Alamán, Barreda, ciudadanía, política restringida, política generalizada, México.

 

Abstract

The purpose of this paper is to review the emergency strategies of the concept of citizenship in Mexico during the 19th century. Our objective is focused on analyzing two controversial moments, the denial of the citizenship´s notion, we will focus on the arguments offered by the politician and historian Lucas Alamán. After we will review the affirmative conception of citizenship projected by Gabino Barreda. We do not pretend to offer only an exposition of both antagonistic political positions. On the contrary, we seek to show that dichotomies often obscure the intricate formulas and discursive strategies used as mechanisms of subjectivity in politics. It is about analyzing the ways in which subjectivity is modelled in the processes of constitution of political identities. 

Keywords: Alamán, Barreda, citizenship, restricted politics, generalized politics, Mexico.

 

El discurso de la ciudadanía

Entre los intelectuales contemporáneos la noción de ciudadanía recibe distintas valoraciones; por una parte, se le considera uno de los conceptos más acabados de la modernidad ilustrada;[1] por otra parte, la califican de noción “imperfecta”,[2] concepto carente de capacidad para explicar la subjetividad política.

¿Cómo es que un concepto tan bien definido pasó a convertirse en imperfecto? Los conceptos de ciudadano y ciudadanía han sido un campo de batalla político e ideológico; en la segunda mitad del siglo XX fue necesario hacer una reflexión de su pertinencia. Will Kymlicka y Wayne Norman en su texto seminal: “El retorno del ciudadano”,[3] plantean la necesidad de generar una teoría de la ciudadanía que permita entender los fenómenos emergentes de la política, ofreciendo a su vez, un balance que nos permita evaluar la relevancia de las identidades existentes en la política. Por lo anterior, el camino hacia la constitución de una teoría de la ciudadanía exige revisar los contextos en que se forjó el concepto y las estrategias políticas usadas.

La filosofía política moderna se ha decantado por las interpretaciones antagónicas para explicar la ciudadanía. De esa manera, el concepto se ha interpretado bajo dos perspectivas; como resultado del impulso de elaboraciones teóricas consideradas universales que modelan a la sociedad o como el impulso de las fuerzas sociales que dan forma a los conceptos. En el primer caso, los intelectuales y los ideólogos de los segmentos dominantes desarrollan las nociones, teniendo como insumos teorías y conceptos, ellos defienden el estatus de los grupos en el poder replicando sus interpretaciones; después, en un impulso descendente hacia el conjunto de los sujetos estructurados por relaciones sociales que modelan las conciencias. En el lado contrario, se planteaba que las bases sociales, ya sea a través de las experiencias de individuos o colectivos imprimen un sentido en sus demandas, capaces de transformar el orden establecido y modelar conceptos y teorías. En este caso, la ciudadanía emerge de las fuerzas sociales.

De una u otra manera, en este antagonismo encontramos coincidencias, por una parte, en los enfoques liberales se pone el acento en la agencia del sujeto. El ciudadano es un ente transformado que adquiere conciencia de su libertad y autodominio. El ciudadano es alguien “con capacidad para actuar intencionalmente (reflexiva y autónomamente)”.[4] Según esta perspectiva, la ciudadanía se consigue voluntariamente a través de contraer acuerdos con otras personas, las cuales se reconocen como autónomas e igualmente libres, para formar una asociación que los habrá de proteger. La libertad individual y la igualdad política son valores primarios. El ciudadano en este esquema pertenece a un orden político y, en esa esfera, delimita sus posibilidades. El Estado es la esfera e instancia constitutiva y el principal factor de cohesión en todos los niveles de la formación social, es la entidad competente para generar las definiciones que habrán de guiar a la colectividad, sus aparatos tienen como principal encargo distribuir su concepción de la ciudadanía, el primer paso es hacerla presente a través de sus textos fundacionales, es decir, su Constitución.

En el otro caso, de corte comunitarista, la ciudadanía es una entidad arraigada al sentido y significado de la comunidad, la cual preexiste a cualquier ente individual, que es su componente constitutivo. La igualdad de las personas expresada en la comunidad es el valor principal. La ciudadanía surge típicamente de los valores transmitidos a cada miembro por las herencias emanadas del ser común que dicha unidad reivindica y, con ello, se supera la idea de que el orden es una fuerza impuesta, con lo que se instaura un modelo de gobierno que hace de su objetivo principal el traslado de los valores del colectivo hacía todas sus esferas. El ideal consiste en que es a través del comportamiento de ese colectivo como se modelan las virtudes y el desempeño de todas las personas individuales; los documentos que dan cuenta del ciudadano son un resultado.

Ambas concepciones, aunque ubicadas en oposición, coinciden en que, finalmente, los sujetos comprenden los fines, los interiorizan y asumen el recorrido formativo de su identidad. Ahora bien, estas concepciones omiten ciertas tensiones de las que muchos teóricos han dado cuenta últimamente, generadas por los contextos y la contingencia,[5] lo cual da pie a considerar lo que Bernard Williams[6] llamó “mala fortuna agente”, es decir, aquellas coyunturas en que las cosas no suceden como se esperaba, afectando con ello la capacidad agente.

Las filosofías políticas en el siglo XIX, por otra parte, dieron lugar a delimitaciones y fronteras que identificaron quién y cuándo se pertenecía a la ciudadanía. De esa manera, se produjeron discursos articulados como “[…] sistemas concretos de relaciones sociales y prácticas… intrínsecamente políticas”.[7] Es desde este sentido que no interesa abordar nuestro tópico.

 

Emergencia de la noción de ciudadanía

La pretendida división de dos concepciones antagónicas de la ciudadanía en el siglo XIX mexicano ha tomado como criterio de delimitación la diferencia entre premodernidad y modernidad. Se considera como punto de partida la inspiración que tuvo la constitución de Cádiz —instaurada por las Cortes en las colonias españolas luego de la abdicación del rey Fernando VII ante la invasión de Napoleón— en la vida política de la sociedad mexicana.[8] La separación de México del dominio español y su posterior Independencia tuvieron desde el principio un efecto replicador del ideal de soberanía nacional en los proyectos revolucionarios, dice Breña; según el historiador el evento generó claridad al comprenderse que la soberanía se depositó en el pueblo, el fundamento legítimo del poder político y con ello se dio paso a un sistema representativo, que luego hizo emanar una Constitución.[9] Por el contrario, la crítica cuestiona hablar de ciudadanía hasta no haber resuelto primero el tema de la ruptura clara entre los fundamentos de un pasado colectivista y un presente en donde el individualismo emergía.[10]

Para tratar de ofrecer una respuesta considero importante introducir algunos elementos adicionales; considerar la condición de la contingencia y también las dimensiones de la política. La política, de acuerdo con el historiador,[11] puede adoptar una dimensión restringida o una dimensión generalizada. La política restringida aparece cuando: “[…] la república es vista como confrontando su propia finitud temporal, como intentando mantenerse política y moralmente estable frente a un raudal de acontecimientos irracionales concebidos como esencialmente destructivos de todo sistema de estabilidad secular”.[12] La política generalizada está presente cuando se considera que se ha alcanzado la legitimidad del Estado y las instituciones usan su capacidad hegemónica para difundir sus ideales. Estas dimensiones no obedecen alguna temporalidad ni actúan de manera gradual.

De acuerdo con el marco establecido, revisemos algunos hechos. La Constitución de Cádiz se considera texto fundacional de la ciudadanía para las colonias españolas.[13] El documento constitucional establece quiénes son ciudadanos ante el Estado. La ciudadanía tiene dos expresiones, la pasiva y la activa. En el primer caso se encuentran los que poseen derechos civiles (Título II, cap. IV, art. 18) otorgados a la mayoría de la población y; en la segunda, se encuentran los poseedores de derechos políticos (Título III, Cap. II, art. 45) para los menos; la identificación para reconocer a una persona como ciudadano se otorga teniendo en cuenta criterios como la residencia, la pertenencia, el pago de impuestos y las competencias intelectual y moral para participar en el dominio público.[14]

En el texto constitucional encontramos la conveniencia pública de la estabilidad de la nación —económica, jurídica y moral—, de la cual depende “[…] la salud de las instituciones sociales, de manera que se puede suspender el ejercicio de las libertades políticas de los individuos dependiendo de la disminución de sus capacidades física, económica o moral”.[15] De acuerdo con lo anterior, la existencia de un Estado sólido determina la emergencia de electores y, por ende, discrimina, a los no electores. La existencia del Estado garantiza la presencia de ciudadanos. Ahora bien, el texto gaditano otorgó la ciudadanía a todos los nacidos en la metrópoli y en sus colonias, pero, fueron excluidos menores de edad, incapacitados de salud, mujeres, castas americanas y sus mezclas, analfabetas, sirvientes domésticos y desempleados. Desde un punto de vista demográfico, la ciudadanía era un privilegio de pocos.

Entonces, ¿emergió el ciudadano después de introducida la constitución? La respuesta debe esclarecer la cuestión de cuál era el estatus del ciudadano cuando la Independencia tuvo lugar hasta 1821. El concepto de ciudadano aparecido en el texto gaditano no parece resolver el asunto del reconocimiento de igualdad de los derechos.

 

Reproches contra la ciudadanía liberal

Sabemos que durante el siglo XIX las fuerzas conservadoras discutieron la existencia de la ciudadanía a partir del rechazo a la república. Uno de los más severos críticos fue Lucas Alamán, historiador, periodista y político quien siempre puso en cuestión la legitimidad del ideal republicano emergido de las revoluciones populares.

Alamán fue un crítico conservador de los resultados de la Independencia liberal, él consideró que la Independencia había creado una falsa identidad ciudadana en el pueblo; su planteamiento era que la idea de sufragio popular sustentada por el gobierno republicano era una ficción, pues el ejercicio de gobierno practicado, decía, tenía como su razón efectiva la fuerza.[16] Lo dicho por Alamán no carecía de verdad, sabemos que la instauración de la ciudadanía en México provocó reacciones de rechazo entre los indígenas. Las comunidades expresaban su rechazo a la ciudadanía porque significaba la pérdida de ciertos privilegios y protecciones derivados de acuerdos con los terratenientes y autoridades locales. El sistema político, entonces, usaba la fuerza para imponer su convicción en el individualismo, lo cual resultaba ser un criterio de autoridad perverso e irracional, según Alamán.

La base del cuestionamiento fue que la identidad de la ciudadanía mexicana, derivada de la instauración de una república, no había surgido de una auténtica voluntad popular, fruto de la reflexión política y filosófica. En México, la sociedad no se había planteado las preguntas fundamentales sobre el gobierno, decía Alamán. Dado que la autonomía había llegado de una fuente externa (consecuencia de la abdicación del rey Fernando VII), todo lo que había ocurrido después era un error, por lo tanto, la auténtica constitución del ciudadano tenía que iniciar con el proceso de hacer las preguntas fundamentales.

Alamán consideraba que siendo esa su tarea, iniciaría la discusión filosófica a través de la prensa. El argumento de Alamán centra su objetivo en la paradoja de la soberanía. ¿Cuál es la crítica? Que el ciudadano liberal se encuentra en una posición endeble y de ambigüedad, porque siendo él la fuente de la ley, siempre está sometido a otra autoridad, en este caso la del gobierno. Alamán, para discutir, apela a la idea de soberanía medieval, según la cual el rey siempre es la ley. Así que, si el pueblo es el origen de la ley y al mismo tiempo está debajo de ella —porque se tiene que someter a la conducción de otro— ello quiere decir que entonces la ley no reside en él; si la soberanía reside en el pueblo, entonces el pueblo debe estar por encima de la ley; sin embargo, el pueblo no puede darse cuenta de su soberanía porque siempre se ubica debajo de ella, es decir, sólo la reconoce cuando la obedece. Entonces, si un mexicano es soberano no puede ser además sujeto de la ley. Por otra parte, si renuncia a sus derechos soberanos termina ocupando una posición intermedia, como las mujeres. ¿Cómo el pueblo puede ser al mismo tiempo sujeto y sujetado (subjetum y subjetus)?[17] Para Alamán las contradicciones en la idea de soberanía ponen en evidencia la falta de coherencia y racionalidad de todo el proyecto republicano.

El siguiente punto sobre el cual Alamán coloca sus armas es el de la representación política, él se pregunta ¿cómo es que los apoderados se convierten en individuos (sujetos de una voluntad particular) en la expresión de la voluntad general?, Y luego, ¿cómo es que un individuo soberano puede ejercer legítimamente el poder de represión, atacando a quienes le delegaron el poder? Para los pro monarquistas, la idea de representación política resulta contradictoria, porque el poder no puede delegarse, no se puede separar de quien lo contiene, salvo cuando muere. Así que en la práctica solo podría haber o individuos que siempre conservan sus derechos soberanos y, por lo tanto, retienen la facultad de adhesión a los poderes públicos o bien individuos que renuncian a los mismos y dejan de ser soberanos. La preocupación por la paradoja es que la ambigüedad de la soberanía no resuelve la cuestión de la diferencia entre subjetum y subjetus.

Las críticas conservadoras son importantes porque condujeron al debate filosófico ampliando así la dimensión del espacio público. Los liberales habrían de responder con el tiempo (en particular en el gobierno juarista) a la estrategia conservadora con un traslado de dimensión, desde la política generalizada.

 

El ciudadano afirmado

Si la crítica de Alamán expuso la condición restringida de la política liberal, haciendo necesaria la reflexión sobre los principios de la república, el siglo XIX vivió también la manifestación de la política generalizada, el “momento estratégico” de la política. La distribución hegemónica del ideal del ciudadano requería de una tarea pedagógica. ¿En qué consistió la “estrategia”? En modelar las conductas colectivas. Como ha señalado Elias Palti “[E]l diseño de las políticas públicas implicaba de hecho una desubjetivación del público, reduciendo a la sociedad y a los individuos a objetos de las técnicas disciplinarias y del tipo específico de saber asociado a ellos”.[18]

El Estado emergido de las luchas populares por la soberanía se convirtió en el modelador de la subjetividad, su vehículo fueron las instituciones actuando como médicos que cuidadosamente extraían las malas ideas de los individuos e introducían los valores verdaderos de la república en sus conciencias, para así convertirlos en ciudadanos. Esta estrategia quirúrgica fue severamente cuestionada por los conservadores, pues lo veían como convertir nuevamente a la población en “menores de edad”; para los republicanos, en cambio, la objetivación de la sociedad era algo positivo. Crear ciudadanos por medio de las instituciones era una especie de autocontrol positivo.

Las condiciones para hilvanar el concepto de ciudadano surgen mediante la educación y la constitución de un sentido de bienestar a través de la verdad emanada de la república. Gabino Barreda, va a dejar constancia de tales propósitos en obras como De la educación moral (1863), la Oración cívica (1867), y en su correspondencia privada. En la Oración cívica da cuenta de las etapas de transformación que debe experimentar la conciencia del ciudadano, hay un inicio, erradicar las fuentes del error: la religión, la superstición y el anti-patriotismo, basados en el desconocimiento de la historia verdadera. Pero también hay un fin: la verdad auténtica, expuesta como guía de su programa pedagógico, transformaría a la sociedad.[19]

Como podrá entenderse, para Barreda es el estado de conciencia del sujeto sobre el rol que juega en la sociedad lo que determina el principio de la estrategia de la política generalizada, es un proceso de progreso casi biológico. Para Barreda la formación del ciudadano cumple las funciones del mecanismo de selección natural, que se puede aplicar como “analogía” a la sociedad.

“Él establece que, así como el hombre ha podido modificar artificialmente algunas especies actuales por medio de una selección calculada … de la misma manera la naturaleza, por una selección espontánea, pero prolongada por un tiempo indefinido, ha podido hacer una verdadera transformación de especies (‘Consideraciones sobre la teoría de Darwin’)”.[20]

Para Barreda la orientación, mediante el programa educativo, puede generar cambios conductuales para el perfeccionamiento de la sociedad, por eso afirma:

“Para que la conducta práctica sea, en cuanto cabe, suficientemente armónica con las necesidades reales, es preciso, que haya un fondo de verdades de que todos partamos, más o menos deliberadamente, pero de manera constante. Ese fondo de verdades que nos ha de servir como punto de partida, debe presentar un carácter general y enciclopédico. (‘Carta a Mariano Riva Palacio’, 10 de octubre de 1870)”.[21]

Si el Estado proporciona a través del sistema formativo una educación basada en verdades, luego, el individuo aprenderá a rechazar los errores y orientarse por el camino correcto. Barreda admitía que la ciencia no ha llegado a establecer la verdad en todas las cosas existentes, pero siguiendo su guía se convertiría en la “[…] gramática para la formación social de juicios racionalmente fundados”.[22] Por eso, citando a Condillac, decía Barreda: “Una ciencia es una lengua bien construida”.

En el campo estratégico de la política generalizada los valores adquieren un sentido universal, abstracto, pasan a tomar la forma de soporte del andamiaje normativo, funcionan para establecer los parámetros del comportamiento del ciudadano. El momento de la política de la generalización inicia cuando la ciudadanía adquiere el rango de concepto político hegemónico.

Nuestro análisis del proceso de constitución del concepto de ciudadanía nos muestra las complejas condiciones de la emergencia de los conceptos políticos; los discursos distan de ser antagónicos. En principio, porque tratar de establecer un campo de emergencia de la política similar y complementaria. Es en este sentido que lo que se enuncia tanto por Alamán como por Barreda no incluyen la proyección de algo que se espera, por el contrario, buscan establecer lo que existe, con lo cual delimitan un marco desde el cual todo lo que no se ajusta carece de relevancia para determinar qué significa ser ciudadano. La discusión de Alamán contra la república liberal imprime un rasgo en el debate que justifica una dimensión pública que se está configurando, se está haciendo al decirse. Paradójicamente, la enunciación del espacio público resalta su ausencia, o su presencia restringida a las élites; sin embargo, señalan una necesidad que lleva al propio Alamán a delinearla. Contra todo, la discusión sobre el ciudadano va irrumpiendo en un contexto más allá del parlamentario formal. De hecho, la solidez del argumento anti republicano generó la ampliación del debate al campo de la sociedad. Lo que encontramos en los discursos de Alamán y Barreda son estrategias para instalar proyectos políticos capaces de superar las condiciones del contexto y las contingencias. Alamán hace de su ejercicio crítico un medio para la emergencia de un concepto que contiene ya su rechazo al proyecto liberal.

Y si bien Alamán da cuenta de las inconsistencias del concepto de soberanía y, por ende, del de ciudadanía, su propia estrategia hace evidente la pertinencia del concepto. De hecho, el debate mismo se convierte en un recurso estratégico que, sin admitirse explícitamente, termina asegurando ciertos matices necesarios para la emergencia de una subjetividad política innegable. Las fuerzas en disputa adquieren el carácter de insumos de un discurso a favor del propio concepto.

En el caso de la política generalizada el debate de justificación de la ciudadanía incorporó los elementos de la contingencia y el contexto, los cuales se hacen presentes a través del mecanismo de subjetivación, esto es, asumiendo la existencia de los conflictos; en el discurso, la estrategia se convierte en un programa evolutivo del ciudadano. Para Barreda la principal tarea consiste en modelar, a través de los medios necesarios, la verdadera identidad desterrando las falsas. En este sentido la estrategia también funge como medio de supervivencia del propio campo de lo político en un mundo amenazado por la contingencia. En una república de la verdad, la salud del individuo es el objetivo, el político-sanador tiene todo el derecho a penetrar el cuerpo en busca del mal para extraerlo. Si bien la república liberal tiene como principio la autonomía del sujeto, puede aplicar todos los medios manipuladores para garantizan su eficacia; se vale la intervención del Estado, siempre y cuando la garantía sea la verdadera liberación de la consciencia.

 

Bibliografía

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17. Williams, B., La fortuna moral, UNAM, México, 1993.

 

Notas

[1] Cfr. Rosanvallon, La consagración del ciudadano, ed. cit.
[2] Cfr. Balibar, Ciudadanía, ed. cit.
[3] Cfr. Kimlycka y Norman, “Return of the Citizen: A survey of recent work on Citizenship Theory”, ed. cit.
[4] Broncano, “No poder (llegar a ser). La agencia humana en tiempos y lugares de oscuridad”, ed. cit., p. 115.
[5] Cfr. Ong, Flexible Citizenship, ed. cit.
[6] Cfr. Williams, La fortuna moral, ed. cit.
[7] Quiroga, “Discursos y sujetos. Algunos nexos y tensiones entre las perspectivas teóricas de Michael Foucault y Ernesto Laclau”, p. 87.
[8] Cfr. Breña, “Ciudadano”, ed. cit.
[9] Ibidem, p. 259.
[10] Cfr. Guerra, “El soberano y su reino”, ed. cit.
[11] Cfr. Pocock, El momento maquiavélico: el pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica, ed. cit.
[12] Ibidem, p. VIII.
[13] Cfr. Annino, “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”, ed. cit.
[14] Cfr. Sabato, Ciudadanía política y la formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, ed. cit.
[15] Quiroga, Las Constituciones Latinoamericanas, tomo, ver Título II, cap. IV, art. 25.
[16] Alamán, Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año 1808 hasta la época presente, vol. I, ed. cit.
[17] Ibidem.
[18] Palti, La invención de una legitimidad, p. 315.
[19] Barreda, Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, 1867-1967. Reglamento Oración Cívica, ed. cit.
[20] Barreda, Estudios, p. 123.
[21] Barreda, Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, 1867-1967. Reglamento Oración Cívica, p. 234.
[22] Palti, op. cit, p. 327.